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Investigaciones internas en empresas: el papel del detective privado

Investigaciones internas en empresas: el papel del detective privado. Mesa de despacho con archivadores, una lupa sobre documentos, una pluma y un portátil; al fondo, una reunión en una sala acristalada.

Cuando una empresa detecta posibles irregularidades, no basta con disponer de un canal de denuncias o de un protocolo de cumplimiento normativo. Es necesario averiguar qué ha ocurrido, documentar los hechos con garantías y decidir si corresponde adoptar medidas internas o trasladar la información a las autoridades.

En este contexto, la investigación privada profesional puede aportar un valor decisivo: convertir sospechas concretas en información contrastable, mediante actuaciones legalmente habilitadas y un informe susceptible de valoración en un procedimiento judicial.

Una reflexión publicada por Law&Trends el 26 de octubre de 2026 ha reabierto el debate sobre la participación de los detectives privados en las investigaciones internas corporativas y su relación con los procedimientos penales. La cuestión merece atención por parte de responsables de empresa, departamentos jurídicos y profesionales de compliance.

¿Qué es una investigación interna corporativa?

Es el proceso mediante el cual una organización analiza una alerta, una denuncia o una irregularidad que pueda afectar a sus intereses, obligaciones o responsabilidades. Puede implicar la revisión de documentos, entrevistas, comprobaciones contables, análisis técnicos y, cuando proceda, actuaciones de investigación privada.

Entre los supuestos que pueden justificar una valoración inicial se encuentran posibles desvíos de clientes, conflictos de intereses no comunicados, utilización indebida de recursos empresariales, incumplimientos contractuales o conductas que puedan comprometer la integridad de la organización.

No toda sospecha confirma una infracción. La finalidad de investigar es precisamente aclarar los hechos, incluidos aquellos que permitan descartar una imputación.

¿Qué aporta un detective privado habilitado?

La Ley 5/2014, de Seguridad Privada, atribuye a los detectives privados la realización de los servicios de investigación privada regulados en su artículo 48. Este precepto contempla, entre otros, hechos del ámbito económico, laboral, mercantil y financiero, siempre por cuenta de quien acredite un interés legítimo.

Cuando una investigación interna requiere averiguaciones sobre conductas o hechos privados que encajan en esa actividad regulada, recurrir a un despacho habilitado permite contar con un profesional sujeto a obligaciones específicas: delimitar el encargo, respetar los derechos de las personas investigadas, documentar las actuaciones y elaborar el correspondiente informe.

No significa que cualquier tarea de compliance deba realizarla un detective. Los equipos jurídicos, de auditoría, recursos humanos o cumplimiento normativo pueden desarrollar funciones propias de análisis y control. La intervención del detective adquiere especial relevancia cuando se necesitan servicios de investigación privada reservados legalmente a profesionales habilitados.

Reunión de trabajo: cuatro profesionales revisan documentos impresos y un portátil alrededor de una mesa de despacho.

Del indicio al informe: el valor de una prueba bien obtenida

Un informe de detective puede reunir observaciones, comprobaciones y resultados relevantes para ayudar a la empresa a decidir cómo actuar. Su fortaleza no reside en afirmar una conclusión contundente, sino en explicar qué se comprobó, cómo se hizo y qué hechos pueden sostenerse.

El artículo 265.1.5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce expresamente los informes de profesionales de la investigación privada legalmente habilitados entre los documentos que pueden acompañar a la demanda o a su contestación. Si los hechos no se reconocen como ciertos, prevé la práctica de prueba testifical.

Por ello, una investigación correctamente ejecutada puede adquirir gran relevancia procesal y, según el caso, resultar determinante. No existe, sin embargo, validez automática: el órgano judicial debe examinar la pertinencia, legalidad y fuerza probatoria de cada elemento.

¿Qué sucede si aparecen indicios de delito?

Aquí está una de las distinciones más importantes. El artículo 37.4 de la Ley de Seguridad Privada prohíbe a los detectives investigar delitos perseguibles de oficio. Si durante su trabajo conocen hechos de esa naturaleza, deben denunciarlos ante la autoridad competente y poner a su disposición la información e instrumentos obtenidos.

La investigación interna no puede convertirse en una investigación penal paralela a la policial o judicial. Esto no impide que una empresa compruebe inicialmente irregularidades dentro de sus competencias y encargue actuaciones de investigación privada lícitas cuando concurran los requisitos legales. El límite y el momento de trasladar la información a las autoridades deben valorarse con rigor.

En las entidades sujetas a la Ley 2/2023, las informaciones recibidas a través de los sistemas internos de información también deben gestionarse con garantías específicas de confidencialidad, protección de las personas afectadas y remisión al Ministerio Fiscal cuando proceda.

¿Por qué importa esto para el compliance penal?

El Código Penal contempla modelos de organización y gestión orientados a prevenir o reducir el riesgo de comisión de delitos en determinadas condiciones. También prevé, en el artículo 31 quater, la posibilidad de apreciar como atenuante la colaboración de la persona jurídica en la investigación mediante pruebas nuevas y decisivas, cuando concurran los requisitos establecidos legalmente.

Por tanto, no basta con afirmar que la empresa dispone de un programa de compliance. Ante una incidencia real, la capacidad de responder de forma diligente, preservar la información y esclarecer los hechos puede ser relevante. La mera contratación de un detective no genera por sí sola una exención ni una atenuación penal.

Cinco garantías que deben acompañar a la investigación

  1. Interés legítimo y objeto definido. La empresa debe justificar qué necesita esclarecer y por qué.
  2. Profesionales competentes. Determinar qué funciones corresponden a compliance, asesoría jurídica, peritos o detectives habilitados.
  3. Proporcionalidad. Limitar métodos, duración y alcance a lo necesario para la finalidad legítima.
  4. Confidencialidad y protección de datos. Controlar accesos, conservación y comunicación de la información; la habilitación profesional no equivale a una exención general del RGPD.
  5. Documentación y trazabilidad. Conservar un relato claro de las actuaciones, los hallazgos y sus límites, y establecer cuándo intervienen las autoridades.

Investigar con rigor también es proteger a la empresa

Una investigación interna bien planteada permite tomar decisiones sobre hechos, no sobre rumores. Puede aportar seguridad a los responsables de la organización, reducir el riesgo de actuaciones precipitadas y facilitar que una eventual reclamación o procedimiento se sustente en pruebas obtenidas lícitamente.

En Omnia Verum abordamos cada consulta partiendo de la finalidad del encargo, su viabilidad y el marco legal aplicable. Si su empresa necesita esclarecer hechos concretos relacionados con el ámbito laboral o mercantil, puede solicitar una valoración profesional y confidencial.

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Fuentes y referencias

Artículo divulgativo. No sustituye el análisis jurídico de un caso concreto.